El defensor de DDHH y coordinador de Provea, Marino Alvarado recordó el 25 de mayo se cumplieron dos meses del asesinato de una familia en la población El Ripial en el estado Apure, tras los enfrentamientos de presuntos grupos irregulares con los organismos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro.
En relación al caso, recordó también que el fiscal general oficialista, Tarek William Saab anunció el pasado 27 de marzo que se investigaría lo sucedido en esta población fronteriza, sin embargo, hasta la fecha, “guarda un sospechoso silencio que obliga a presumir interés de generar impunidad”.
Alvarado, afirmó que, en torno al asesinato de estas 5 personas, insistió que se “debe investigar la cadena de mando de las operaciones militares que se realizan en la lucha contra los grupos armados”.
De igual modo, resaltó que de acuerdo a los testimonios de familiares y testigos, el pasado 25 marzo las “personas fueron detenidas y después asesinadas, lo cual indica estaríamos ante una ejecución”.
Agregó además que existen denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en esta entidad fronteriza.
